Tras unas semanas ocupado en múltilples tareas, recupero tiempo para realizar una nueva aportación en mi blog. En esta ocasión, me referiré a un asunto del que se habla menos de lo que, creo, sería de desear. Y es el fin de la operación Atalanta. La operación Atalanta nació en 2008 con
el fin de afrontar la amenaza de los piratas somalíes. Ha venido
prorrogando su mandato cada dos años. El actual termina en diciembre del
año que viene. A lo largo de los últimos meses, he tenido ocasión de
escuchar, incluso en foros internacionales, opiniones diversas respecto a
si la primera operación naval de la Unión Europea debe o no finalizar
el año que viene, evitándose su prórroga una vez más.
Soy consciente de que puede que mi
opinión no resulte simpática a ciertos sectores. Por ejemplo, en el
ámbito de la industria las presiones están siendo notables con el fin de
que se prorrogue el mandato de la misión más allá de 2016. Y, por otra
parte, y como es lógico las distintas marinas se muestran encantadas de
continuar su presencia en la zona.
Sin embargo, en mi opinión no hay
razones que justifiquen (ni siquiera en marzo de 2015, cuando escribo
estas líneas) la presencia militar internacional en aguas del océano
Índico occidental.
En primer lugar, porque desde mayo de
2012 los piratas somalíes no han sido capaces de secuestrar un mercante y
obtener un rescate por él. Este es un dato objetivo, un hecho
irrefutable. La piratería somalí es un negocio que requiere de
inversores y éstos, como puede suponerse, ya no están por la labor de
contribuir a una actividad que, desde hace tres años, no genera
beneficios. Ahora, los inversores se dedican a otros menesteres. Y los
antiguos piratas parece que también… entre estas nuevas actividades,
algunos de ellos incluso protegen barcos locales con el fin de
proporcionarles seguridad… contra la piratería.
El mapa de incidentes de piratería de este año 2015 habla por sí solo. Ningún ataque reportado por las fuentes habituales. Ni uno solo en casi tres meses.
Sabemos que, sin embargo, se están produciendo algunos incidentes, pero que éstos no son reportados por la industria a las fuerzas navales presentes. ¿Por qué? Porque no les hace falta. Más del 90% de los buques que navegan ahora en el Índico occidental llevan un embarcado un equipo de seguridad privada. La capacidad disuasoria de estos vigilantes es indiscutible. Y, seamos claros en este punto, mucho mayor que la presencia naval internacional. No cabe llevarse a engaño. Quitemos mañana mismo a los vigilantes armados de los mercantes y volverán los secuestros. Quitemos la presencia de buques de guerra y aviones de patrulla marítima y... no habrá más secuestros. Quizás más ataques, pero ni un secuestro más. Y esta realidad la reconocen, en privado, militares en activo tanto de España como de fuera de nuestro país. Y si se trata de oficiales retirados, el reconocimiento de esta realidad es mucho más explícito, incluso, entre los almirantes.
Sé que, como me decía recientemente un almirante retirado, la piratería en Somalia ha sido una excusa magnífica para que las marinas de muchos países hayan podido hacer acto de presencia en una zona en la que, la mayoría de ellas, nunca habían navegado. Y, lógicamente, la piratería ha servido también para que los altos mando de las distintas Armadas hayan podido ejercer presión para que sus gobiernos les dedicasen recursos extraordinarios, especialmente desesados en esta época de recortes presupuestarios en varios países, incluido España. Y no pocas potencias han podido mostrar músculo gracias a la acción de los piratas somalíes. Buques de guerra de China, India, Irán o Rusia han sido desplegados frente a esta amenaza. Incluso Japón cambió su legislación interna para enviar fuerzas militares a la zona.
Sabemos que, sin embargo, se están
produciendo algunos incidentes, pero que éstos no son reportados por la
industria a las fuerzas navales presentes. ¿Por qué? Porque no les hace
falta. Ya no necesitan de su protección. Más del 90% de los buques que
navegan en estos momentos en el Índico occidental lleva embarcado un
equipo de seguridad privada. La capacidad disuasoria de estos vigilantes
armados es indiscutible. Y esa capacidad es mayor que la que pueda
aportar la presencia naval internacional. Quitemos mañana mismo a los
vigilantes armados de los mercantes y volverán los secuestros. Traigamos
a casa a los buques de guerra y aviones de patrulla marítima y… no
habrá más secuestros. Quizás se reporte algún ataque más, pero los
piratas no capturarán ningún barco. Y esta realidad la reconocen, en
privado, militares en activo tanto de España como de fuera de nuestro
país. Y si se trata de oficiales retirados, el reconocimiento de esta
realidad es mucho más explícito.
Resulta obvio que, como me decía
recientemente un almirante retirado, la piratería en Somalia ha sido una
oportunidad magnífica para que las marinas de muy diversos países hayan
podido hacer acto de presencia en una zona por la que, la mayoría de
ellas, nunca había navegado. Y, lógicamente, la piratería ha servido
también para que los altos mando de las distintas Armadas hayan podido
ejercer presión sobre sus gobiernos con el objetivo de que les dedicasen
recursos extraordinarios, especialmente deseados en esta época de
recortes presupuestarios en Defensa. Y no pocas potencias han podido
mostrar músculo gracias a la acción de los piratas somalíes. Buques de
guerra de China, Rusia, India o Irán han sido desplegados frente a esta
amenaza. Incluso Japón cambió su legislación interna para permitir el
envío de fuerzas militares a la zona de operaciones de los piratas
somalíes.
Sin embargo, a estas alturas resulta
difícil justificar, desde un punto de vista geoestratégico (ya no
digamos económico) el alto coste que implica la presencia militar de
fuerzas militares patrullando el Índico. Ese coste se ha calculado en unos 1.000 millones de dólares para el año 2013. Se trata de un desembolso muy notable y que contrasta con la ausencia de incidentes piratas dignos de mención.
Esta realidad parece estar detrás de la
reciente decisión de Italia de anunciar que sus fuerzas dejarán de
formar parte de la misión antipiratería Escudo oceánico de la
OTAN. La ministra de Defensa, Roberto Pinotti, lo acaba de anunciar en el parlamento. Es más, los efectivos militares italianos desplegados en
buques mercantes de su propia bandera también van a retirarse… en
beneficio de la contratación de vigilantes privados de seguridad.
Se trata de una decisión razonable. No
tiene sentido mantener un despliegue militar contra una amenaza que, hoy
por hoy, parece desmantelada. Por lo tanto, cabe imaginar que, en un
inmediato futuro, nuevos países se sumarán a la decisión italiana. Y
puede haber llegado el momento para que España, impulsora de la
operación Atalanta, dé también un paso atrás en una misión que nos
cuesta más de 100 millones de euros anuales.
Si nuestros buques mercantes y pesqueros están suficientemente
protegidos con vigilantes de seguridad privada, no tiene sentido
duplicar el gasto con la presencia de nuestros militares. La propia
industria debe hacer frente al coste de proteger sus activos. Ya lo hace
y no hay razones para que lo deje de hacer.
Es cierto que sería conveniente mantener
algún despliegue militar, en particular, para proteger a los barcos del
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Su presencia es
fundamental para aliviar las penurias de la población somalí. Y cabe
recordar que algunos de ellos ya fueron secuestrados por piratas
somalíes en el pasado. Pero esta función de escolta de estos cargueros
puede llevarse a cabo sin necesidad de una misión como Atalanta.
Y también podría ser aconsejable
mantener el corredor de seguridad que desde 2009 protege la navegación
por el golfo de Adén. Pero también es verdad que navíos de países no
miembros de misión internacional alguna están protegiendo mediante
convoyes a los barcos de distintas nacionalidades que navegan por el
corredor. Así lo hacen, por ejemplo, Rusia, China o Corea del Sur.
Por todo ello, sólo un cambio en el
mandato de la operación Atalanta podría justificar su mantenimiento más
allá de diciembre de 2016. Por ejemplo, con el fin de afrontar un
fenómeno como el de la pesca ilegal por parte de flotas extranjeras en
el dominio marítimo somalí. O para suministrar formación y medios a los
países de la región (empezando por la propia Somalia y sus regiones) en
aras de construir e incrementar unas capacidades básicas de guardia
costera. Esto permitiría a las propias fuerzas locales patrullar, al
menos en una primera fase, sus propias aguas territoriales. Algunos de
los esfuerzos llevados a cabo en Somalilandia por la misión EUCAP Nestor
o por los programas antipiratería de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) podrían servir de ejemplo para este
fin.
