En la medianoche de un día
de diciembre cuatro personas, armadas con AK-47, abordan desde su lancha rápida
un barco. Obligan al capitán a mantenerse en el puente de mando, mientras se
llevan la carga que transporta a su propia embarcación. Luego, la venderán en
el mercado negro. ¿Nigeria? No. Estamos en el municipio de Navalota, en el
Estado mexicano de Sinaloa, donde más de 500 embarcaciones y unas 5.000
personas se dedican a la pesca del camarón.
Fuente: didactalia.net
Los asaltantes han llegado en una
embarcación de gran potencia, similar a la utilizada por los narcotraficantes.
El producto que roban para venderlo con posterioridad en el mercado negro
son más de dos toneladas de camarón.
Aunque desde hace años los pesqueros
mexicanos vienen sufriendo de modo excepcional actos de piratería, en los
últimos meses son cada vez más frecuentes las informaciones de robos a mano
armada en el mar cometidos, en particular, contra los barcos dedicados a la
pesca del camarón. El camarón y el atún son las dos especies de mayor valor
para la pesca mexicana.
La escasez de camarones en el mercado, tanto mexicano como internacional, se
ha debido a una enfermedad. El síndrome de mortalidad temprana del camarón ha provocado en los dos últimos años su muerte de forma masiva. Este hecho puede ser
una de las razones que explique las acciones de piratería contra los camaroneros.
Parece que el crimen organizado mexicano ha decidido desarrollar, también, actos
de piratería y de robo a mano armada en el mar. Pero para su posterior
comercialización resulta evidente que los delincuentes disponen de
conexiones en tierra firme.
El profesor Raúl Benítez Manaut de la Universidad Nacional Autónoma de México, cree factible que la presión de las
autoridades sobre los narcotraficantes haya propiciado que éstos busquen alternativas. En este contexto, el robo de camarón sería una excelente
oportunidad de negocio, dado su aumento de precio en la última temporada
(entre un 30 y un 40%). En algunas zonas se le conoce ya como el “oro
azul”.
Las noticias
aparecidas este mismo año 2014 informan de actos piratas en el istmo de
Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca. En esta área estarían desarrollando su actividad traficantes de
drogas y de seres humanos (inmigrantes indocumentados procedentes tanto de
Centroamérica como de Sudamérica). Según denuncian a la prensa mexicana
habitantes de la región, los delincuentes no sólo robarían lanchas pertenecientes
a las cooperativas pesqueras sino que incluso reclutarían a personas entre las comunidades
indígenas. También se estarían robando redes de mar, vendidas con posterioridad
en el mercado local.
El pasado mes de marzo se conocieron también varios actos de piratería en el municipio de Centla, en el
Estado de Tabasco. Los delincuentes asaltaron varios pesqueros con el fin de robarles el motor fuera borda.
En México el protocolo de actuación
desde los barcos que se encuentran en apuros es el siguiente: se presiona
un botón de pánico que alerta de forma simultánea a la Comisión Nacional de
Pesca y a la Marina. La Marina llama por teléfono a la empresa. Ésta se comunica
con la embarcación y explica el tipo de alerta. Confirmada la amenaza, la
Marina acude en su rescate. El problema es que este procedimiento no sirve
contra los piratas, dado que lo primero que hacen es sustraer los teléfonos a los
miembros de la tripulación. Además, se quedan con sus identificaciones, amenazándoles
a ellos y a sus familias en caso de que se atrevan a denunciar el asalto. Cabe
imaginar, pues, que se están produciendo más ataques de los que se denuncian a
las autoridades y se reportan en los medios de comunicación.
Los escasos efectivos policiales,
así como la aparente descoordinación entre las distintas autoridades (federales,
estatales, municipales) estarían facilitando la labor de estos piratas.
La respuesta gubernamental ha venido en forma de un
Acuerdo de la Secretaría de Marina por el que desde el 1 de abril se crean las Unidades Navales de Protección Portuaria (UNAPROP) en 19 puertos
mexicanos. Su misión: realizar acciones de vigilancia, inspección y control en
funciones de Policía Marítima en el interior de los recintos portuarios, a fin
de ejercer la autoridad en materia de Protección Marítima y Portuaria.
Está por ver si esta medida será suficiente para afrontar el
problema.
Fernando Ibáñez.
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